La Association for Victims of Breast Implants (ASVBI) surgió de la iniciativa de un pequeño grupo de mujeres, víctimas del caso de los implantes mamarios defectuosos PIP, que hacemos parte de la demanda frente a las Cortes Francesas contra TÜV Rheinland, la empresa alemana que certificó la calidad de dichos implantes y permitió su permanencia en mercado por nueve años consecutivos.
Como resultado de nuestra experiencia como víctimas demandantes, entendimos que compartíamos problemas comunes con los centenares de miles de mujeres que han sido afectadas en el caso y que eso nos abría nuevas oportunidades para encontrar soluciones a esos problemas, a las que solo podríamos tener acceso si actuábamos juntas.
Como participantes en este litigio, entendimos que para enfrentar los retos asociados a hacer parte del mismo era vital que, al trabajo de los abogados que nos representaban, sumáramos el apoyo mutuo entre nosotras.
Comprendimos que un litigio constituye un camino lleno de contratiempos, que consume tiempo, esfuerzo y requieren una buena dosis de resiliencia por parte de quienes nos hacemos parte en ellos.
Como la mayoría de las afectadas en el caso, teníamos infinidad de responsabilidades en nuestra vida familiar y laboral que limitaban nuestra capacidad para responder a las exigencias propias de un litigio y llegamos al convencimiento de que unidas podíamos hacer mucho más por nuestro bienestar.
Entendimos que, a la obtención de sentencias favorables, debía sumarse la búsqueda de soluciones efectivas a nuestros problemas de salud que estuvieran más al alcance de nuestras posibilidades económicas.
Así, por ejemplo, aun cuando algunas de nosotras estuvimos en capacidad de efectuarnos por nuestra propia cuenta la explantación y reemplazo de prótesis, la mayoría no hemos podido hacerlo por razones económicas. De acuerdo con datos suministrados por la firma Merci People’s Law Firm en una encuesta a la que respondieron 7.757 mujeres, alrededor de 44% de sus representadas han sufrido la ruptura de implantes, 13,5% siliconoma; 19,7% contractura capsular y 22,8% daños estéticos.
Las víctimas en el Caso PIP aspiramos a obtener la mayor indemnización a la que tengamos derecho y a reducir de la manera más rápida y efectiva posible los riesgos a nuestra salud mental y física derivados de haber sido implantadas con dichos implantes.
Muchas de nosotras hemos enfrentado dificultades para cumplir con esos propósitos. Para lo primero, es fundamental reunir las pruebas requeridas. Es necesario contar con documentos que demuestren que fuimos implantadas con dichas prótesis; y, una vez obtenido un fallo favorable, contar con pruebas suficientes de los perjuicios, tanto psicológicos, como físicos sufridos, que nos permitan aspirar a una indemnización definitiva consistente con los mismos.
Algunas de nosotras hemos enfrentado demoras importantes para obtener copia de nuestras tarjetas por parte de los médicos o los centros de salud en los que fuimos implantadas con las prótesis PIP; otras hemos carecido de recursos suficientes para pagar el costo de los exámenes necesarios para actualizar la información de nuestra situación médica.
Para lo segundo, para la mayoría de nosotras resulta de la mayor importancia crear la posibilidad de acceder a servicios médicos de calidad a un costo económico más asequible. Para la mayoría de nosotras, el alto costo de los procedimientos médicos ha sido un obstáculo mayor para aliviar nuestras preocupaciones de salud.
El esfuerzo de la Asociación se concentra en crear soluciones en esos dos frentes. En primer lugar, en brindar apoyo legal para la consecución de documentos que nos acrediten como víctimas, como las tarjetas de los implantes, y en lograr la actualización de nuestras historias clínicas a costos más asequibles.
Y, en segundo lugar, en crear acuerdos con instituciones de reconocida idoneidad que nos permitan acceder a tratamientos de explantación y reemplazo en las condiciones económicas más favorables posibles.
Existimos para crear soluciones prácticas a esos retos. Nuestra agenda es ajena a activismos. Tenemos problemas comunes y creamos soluciones comunes para esos problemas.
Si bien surgimos de la circunstancia de tener una representación legal común con Merci People’s Law Firm, existimos para servir a todas las mujeres cuya salud haya sido puesta en riesgo por el uso de implantes mamarios, sea cual sea la marca de los mismos o quién las represente legalmente.
No existe costo alguno de afiliación. No percibimos ningún tipo de ingresos.
Nuestra vocería está en cabeza de Nathalie Lozano Blanco, abogada colombo francesa, quien es la mayor experta internacional del Caso PIP. Nathalie es, a su vez, la cabeza de la firma internacional Merci People’s Law Firm, que ha sido premiada numerosas veces como firma líder en acciones de grupo por parte de instituciones como Global Law Experts, Corporate INTL y Gamechangers.
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